Para quienes transitaron los años de la alucinante década del 60, hubo pocas dudas: aquel fusilamiento del violador y asesino, Guillermo Lavalle Vásquez, “Pichuzo”, llevado a cabo en la isla San Lorenzo, tuvo como finalidad no tanto la idea oficial de disuadir a ese tipo de criminales, sino la soterrada intención de amedrentar políticamente a los rezagos de los recientemente vencidos movimientos guerrilleros.Pero más allá de lo dicho, la pena de muerte plantea una serie de cuestionamientos y dudas de índole moral y ética, toda vez que se da por entendido que en la sociedad cristiana, la vida de un ser humano es sagrada y por lo tanto, invalorable.
De aquella ejemplaridad disuasoria, alegada para dicha condena, simplemente quedó el papel: el paso de los años demostraría que el índice de los delitos por los que se condenó a Lavalle Vásquez -violación y asesinato- no disminuyeron.
Dentro del viejo debate sobre la utilidad de la pena capital, será necesario recordar los planteamientos humanistas que señalan que si se trata de proteger a la sociedad de manera justa y eficaz, basta con las condenas a perpetuidad. Otro firme alegato contra la inhumanidad de dicha condena es aquel que sostiene la siempre presente posibilidad de que se cometan errores judiciales que permitan una injusticia irreparable.
Asumir una posición en contra de la pena de muerte es reiterar el carácter sacro e inviolable de la vida humana.
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HISTORIA DE LA NOTICIA, La guerra y el crimen.

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